España ha logrado separar su crecimiento del PIB de la producción de gases de efecto invernadero (GEI) en los últimos años. En 2023, emitió solo 0,19 kg de CO2 por euro de PIB, un 41% menos que en 2008. La sostenibilidad económica depende de mejorar la eficiencia productiva de las emisiones en todos los sectores.

El reto en el sector del transporte y la necesidad de adaptación

El 90% de las emisiones de GEI en España, Francia, Alemania e Italia provienen de cinco sectores industriales: agricultura, manufacturas, electricidad, agua y transporte. En transporte, España emite más que Alemania o Italia, con 0,73 kg de CO2 por euro.

España puede contribuir a los esfuerzos climáticos globales tomando medidas nacionales para adaptarse a la crisis. Algunas de estas medidas, como la energía renovable, impulsan el crecimiento económico.

Reducir la intensidad de las emisiones para lograr cero emisiones netas requiere un crecimiento acelerado en la productividad de las emisiones. La electrificación con energías renovables será clave para muchos sectores, especialmente el transporte terrestre. España está rezagada, con solo un 12% de vehículos eléctricos vendidos en 2023.

El transporte aéreo y marítimo enfrenta mayores desafíos, ya que gran parte de sus emisiones ocurren fuera de las fronteras de España, lo que requiere acciones internacionales.

El crecimiento del PIB de España es más sostenible, con mejoras en productividad energética y material. La mano de obra y los intangibles, como software e I+D, aún deben mejorar para apoyar una economía sostenible.

Desafíos para una economía más sostenible

El desafío de España es diseñar políticas climáticas que cumplan los objetivos nacionales y mundiales, apoyando la productividad. Se requiere fortalecer los mercados con bajas emisiones de carbono y eliminar subsidios a los combustibles fósiles.

Es crucial acelerar la innovación en tecnologías de bajas emisiones y fomentar su adopción. Las políticas de innovación contribuirán a reducir costos y aumentar la productividad.

Las políticas climáticas deben apoyar una transición justa para los afectados socialmente y los países en desarrollo, mientras se optimizan los recursos naturales disponibles para el bienestar global.