Las empresas y los transportistas autónomos en España afrontan el riesgo inminente de trabajar a pérdidas y poner en serio riesgo su supervivencia. Con un encarecimiento del gasóleo que sitúa el Coeficiente G en el 40,7%, no repercutir este impacto en el precio final del servicio aboca de forma directa al sector a esta situación límite.

El impacto histórico del gasóleo

Esta crisis surge tras un fuerte incremento del carburante. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y cifrados por Fenadismer, la variación del precio del gasóleo desde principios de enero y hasta el pasado 31 de agosto alcanzó un 40,7% para los vehículos pesados y un 34,7% para los vehículos de menor tonelaje.

La indexación como obligación legal

Ante este panorama, la organización empresarial exige a los transportistas «aplicar de forma inmediata la cláusula de revisión del precio del transporte» en función de la variación del precio del gasóleo, popularmente conocida como indexación del combustible, en las facturas que emitan a sus clientes.

Para la entidad, esta medida «no es una opción comercial, sino un mecanismo legal de obligado cumplimiento», sancionable en caso de incumplimiento, con el objetivo de proteger el equilibrio económico de las operaciones de transporte. Además, la patronal recuerda que «la fórmula de cálculo es automática y debe desglosarse de manera clara en la factura».