El Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA) es obligatorio desde el 5 de octubre para el transporte interior de mercancías por carretera y las operaciones de cabotaje en España. En sus primeros días de aplicación, varias organizaciones del sector han señalado dificultades operativas y casos en los que algunos cargadores trasladan a los transportistas la gestión del documento.

El DeCA sustituye al documento de control en papel por un formato digital que debe estar disponible antes del inicio del transporte. El documento debe incluir:

• Identificación del cargador contractual y del transportista efectivo.
• Origen y destino del transporte.
• Descripción de las mercancías.
• Fechas de carga y descarga.
• Código QR para las inspecciones.

Aunque cualquiera de las partes puede generar el documento, la normativa distribuye las responsabilidades sobre la información: el cargador contractual responde de los datos del envío y el transportista efectivo, de los relativos a la ejecución del transporte.

El Ministerio mantiene la obligación en vigor

El Ministerio de Transportes considera que el sector se encuentra en una fase de adaptación. Ángel Soret, subdirector general de Inspección del Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recuerda que «Es una obligación, hay un baremo sancionador y está previsto cómo actuar».

Las inspecciones continúan dentro del régimen habitual, «sin que se haya puesto en marcha una campaña especial de control». Soret también reconoce diferencias en el grado de preparación de las empresas: «Hemos percibido heterogeneidad. Hay empresas que antes del verano ya se estaban preparando, pero en las últimas semanas hemos recibido muchas peticiones de información, sobre todo de autónomos y pequeños transportistas que no sabían qué hacer».

El Ministerio considera que el sector conoce la entrada en vigor de la obligación, aunque algunas empresas siguen preparándose. Sobre posibles cambios normativos, Soret señala: «Ahora hace falta ver cómo transcurre la transformación e implantación y después de ello plantearemos temas normativos. Después de un tiempo veremos cómo actuar».

FVET pide un periodo transitorio

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha solicitado al Ministerio un periodo de adaptación antes de la aplicación plena de los controles. Entre las dificultades señaladas figuran la integridad y modificación de los datos, el funcionamiento de las aplicaciones y la comprobación de que el documento se genera correctamente y cumple los requisitos.

La federación destaca las complicaciones que pueden surgir ante cambios de última hora, modificaciones en la subcontratación o circunstancias durante el trayecto. «La posibilidad de introducir cambios de última hora, modificaciones derivadas de subcontrataciones o circunstancias que aparecen durante el viaje genera dificultades especialmente en actividades como la carga fraccionada y la distribución de última milla», aclara.

FVET también cuestiona el calendario de lanzamiento de la aplicación del Ministerio, publicada el 2 de octubre, apenas tres días antes de la entrada en vigor de la obligación. A su juicio, ese plazo no permitió probarla suficientemente. Por ello, reclama «mayor flexibilidad» durante la fase inicial.

CETM y Astic alertan sobre el reparto de tareas

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha detectado casos en los que algunos cargadores trasladan a los transportistas toda la preparación y gestión del DeCA. También ha identificado situaciones en las que se pretende cobrar por cada documento generado, pese a que la normativa distribuye las responsabilidades entre el cargador contractual y el transportista efectivo.

El presidente de la CETM, Carmelo González, sostiene que el DeCA «debe servir para digitalizar» y «modernizar y simplificar el transporte, no para crear un nuevo peaje digital». La organización añade que «la digitalización no está suponiendo necesariamente una reducción de la carga documental, ya que las empresas continúan llevando los mismos papeles que antes».

Por su parte, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha detectado casos de «grandes multinacionales extranjeras que actúan como cargadores y que estarían trasladando íntegramente al transportista la responsabilidad de disponer del documento».

El vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, afirma que la obligación «debe ser compartida entre el cargador contractual y el transportista efectivo». La asociación mantiene abierta hasta el lunes 12 de octubre una encuesta entre sus miembros para conocer cómo están afrontando los primeros días de aplicación.

Valdivia considera que las empresas han dispuesto de «apenas diez meses» para adaptarse y defiende que «resulta razonable establecer periodos transitorios que permitan una implantación ordenada y faciliten la adaptación de las empresas». Como referencia, cita los periodos de adaptación establecidos para el tacógrafo inteligente de segunda generación y las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Fenadismer señala fallos en los controles y plataformas

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha comunicado fallos intermitentes en la lectura del código QR durante las inspecciones en carretera. Según la organización, las incidencias se deben a los dispositivos de los agentes y no a los documentos generados por las empresas.

Fenadismer también advierte de que algunos cargadores exigen utilizar sus propias plataformas para gestionar el DeCA, incluso cuando los transportistas ya disponen de sistemas homologados. En uno de los casos comunicados, «el conductor debía registrarse en la plataforma del cliente, fotografiar el albarán, revisar y corregir los datos y generar el documento definitivo».

La federación considera que estas prácticas pueden trasladar tareas administrativas a los conductores que no les corresponden. También cuestiona los casos en los que el cargador genera un documento provisional que el transportista debe validar.

Ante estas situaciones, Fenadismer pide que los controles iniciales tengan un carácter educativo y orientativo, sin sanciones durante las primeras semanas, «para permitir que cargadores, transportistas y servicios de inspección terminen de adaptarse al nuevo sistema».

Sin moratoria ni campaña específica de control

El Ministerio mantiene el DeCA dentro del régimen ordinario de inspección y no ha establecido una moratoria formal. A la vez, señala que busca ayudar a las empresas durante la implantación. «Lo importante es ayudar al sector», afirma Soret.

Transportes continúa recibiendo consultas a través de su página web y preguntas específicas de empresas. Mientras tanto, las organizaciones del sector han pedido más flexibilidad para facilitar la adaptación al documento electrónico y a la distribución de responsabilidades entre cargadores y transportistas.