Tres años después de la última evaluación de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el estado de la red viaria ha empeorado notablemente. En 2022, se identificaron 13.000 kilómetros con daños muy graves. En 2025, esta cifra asciende a 34.000 kilómetros, lo que exige una reconstrucción urgente en menos de un año.

Estos tramos presentan alteraciones serias, tanto estructurales como superficiales, que afectan directamente a la seguridad y eficiencia del transporte por carretera.

Daños graves en más de 20.000 km

El estudio también detecta otros 20.407 kilómetros que requieren intervención en un plazo máximo de cuatro años. En total, se estima que 54.373 kilómetros necesitan obras, lo que representa el 52 % de toda la red viaria española. Este nivel de deterioro no se observaba desde finales de los años 80 y principios de los 90.

Un déficit de inversión de 13.491 millones de euros

El déficit de inversión acumulado alcanza los 13.491 millones de euros. Este cálculo incorpora el alza en los precios de materias primas, energía y personal.

En 2022, se estimaban necesarios 9.453 millones. Hoy, se suman 4.038 millones adicionales. De este incremento, un 20 % se atribuye a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el 23 % al agravamiento del deterioro.

Reparto del esfuerzo inversor

Del total necesario, 4.721 millones corresponden a carreteras gestionadas por el Estado. Los 8.770 millones restantes se refieren a vías administradas por gobiernos autonómicos y diputaciones forales.

Este contexto contrasta con los objetivos actuales de desarrollar infraestructuras más verdes, seguras y conectadas.

Impacto directo en transporte y logística

El mal estado de las carreteras incrementa hasta un 12 % el consumo de combustible. Además, obliga a reducir la velocidad media un 10 %, lo que, en el caso de los vehículos pesados, implica un 12,5 % más de tiempo por recorrido.

Dado que los precios del transporte de mercancías se calculan en función del tiempo, este aumento de duración supone un encarecimiento de los costes logísticos. Según la AEC, el impacto final en el precio del producto podría alcanzar el 10 %.

Propuestas para una financiación sostenible

Ante esta situación, la AEC reclama la creación de un mecanismo de financiación propio, global y sostenible. Este fondo debería alimentarse de:

• Presupuestos Generales del Estado
• Aportaciones de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales
• Fondos europeos
• Sistemas de tarificación por uso
• Estrategias de colaboración público-privada

Además, se denuncia la alta fiscalidad de la movilidad por carretera, que enfrenta claras desventajas frente a otros modos de transporte.

Equidad fiscal y potencial recaudatorio

La AEC propone eliminar la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Según la Fundación Corell, esto generaría 4.091 millones de euros anuales. Con este volumen de ingresos, sería posible revertir el déficit de conservación vial en poco más de tres años.