Ante la actual coyuntura, el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha comunicado al Gobierno la necesidad de convocar de forma inmediata una reunión con los ministerios de Transporte, Economía y Hacienda. La finalidad es impulsar un segundo paquete de medidas urgentes que permita corregir las deficiencias existentes y asegurar la viabilidad del sector.

La solicitud se produce después de la reunión de urgencia celebrada este lunes por las principales asociaciones del transporte por carretera. En ese encuentro, el sector calificó la situación como crítica y advirtió que, si no se produce una respuesta antes del 27 de marzo, la viabilidad económica de empresas y autónomos quedará seriamente comprometida. En este contexto, tampoco se descarta la convocatoria de movilizaciones ante el creciente malestar.

Valoración negativa del marco actual

A juicio de las organizaciones, las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo no responden a las necesidades reales del transporte. Consideran que su alcance resulta insuficiente y que, en determinados aspectos, puede resultar contraproducente para la actividad.

Impacto directo en la actividad y la economía

El ámbito empresarial advierte de que el retraso en la adopción de soluciones efectivas está repercutiendo directamente en la actividad. Según ha indicado Marcos Basante, presidente de Astic, el mes de marzo está prácticamente perdido en términos de medidas de apoyo, circunstancia que compromete los resultados anuales de numerosas compañías.

De igual modo, ha señalado que la ausencia de respuesta está poniendo en riesgo la infraestructura esencial de la economía. Esta situación limita la capacidad de las empresas para prestar servicios de transporte y afecta, en consecuencia, a la estabilidad de las cadenas de suministro y distribución.

Desde el sector se insiste en que el transporte por carretera constituye un elemento clave del sistema productivo. Asimismo, se advierte de que su deterioro podría provocar un impacto directo en el abastecimiento y en el conjunto de la actividad económica.

Cuestionamiento del enfoque sobre la inflación

En relación con la inflación, las asociaciones cuestionan el enfoque adoptado por el Ejecutivo. Tal como ha señalado Marcos Basante, las empresas de transporte carecen de capacidad para influir de manera significativa en los precios finales de los productos, ya que los incrementos de costes, especialmente en combustible, obedecen a factores externos.

Además, en el comunicado emitido tras la reunión, el Comité destaca que el aumento del coste de un servicio de transporte se diluye dentro del conjunto de la mercancía transportada, lo que reduce su impacto real en el precio final de los bienes. Por este motivo, el sector considera injustificado vincular la evolución de la inflación a la actividad del transporte.

Llamamientos a cargadores y petroleras

Por otra parte, el Comité también «hace un llamamiento directo a los cargadores para que apliquen correctamente, adaptándolo a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte —impulsada en 2022 por este Comité— prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes».

En la misma línea, las patronales del transporte trasladan «un aviso firme a las petroleras, que aplican subidas inmediatas del precio del combustible cuando el petróleo aumenta, pero retrasan de manera injustificada cualquier reducción cuando éste baja, y exige que el Gobierno, tal y como se ha comprometido, supervise de forma estricta estas prácticas e imponga sanciones contundentes si es necesario, para evitar que los transportistas sigan cargando con sobrecostes abusivos derivados de un mercado desequilibrado e injusto».

Reclamación final del sector

En este escenario, el Comité reclama una actuación urgente por parte del Gobierno que permita implementar medidas eficaces y evitar un deterioro adicional del sector, que atraviesa un momento especialmente delicado en un contexto de elevada incertidumbre internacional.

“El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, advierte Javier Arnedo, presidente del Comité Nacional.