Un 54,4% de las 1.732 trabajadoras del transporte encuestadas en toda Europa por la ETF, la federación europea de sindicatos del sector, denuncia que las condiciones de seguridad han empeorado en los últimos años debido a la escasez de personal, al incremento de agresiones por parte de los usuarios y a la inacción organizativa.

Esta situación contrasta con la insistencia de los últimos años en que el transporte necesita atraer a las mujeres, arrojando un panorama poco alentador al respecto.

Una realidad sistémica de acoso vinculada al género

Según refiere Comisiones Obreras, este documento constataría que «las agresiones y el acoso no son hechos aislados ni anécdotas del servicio, sino una realidad sistémica» que mina la salud, la integridad y el desarrollo profesional de miles de mujeres.

Según este análisis, un 60,8% de las trabajadoras señala su género como el principal factor de exposición a este tipo de agresiones, mientras que un 75,4% de ellas sostiene que son blanco de ataques con más frecuencia precisamente por ser mujeres.

Mapa de agresores: de los usuarios a los mandos internos

El trabajo atribuye a clientes y usuarios la mayoría de los abusos verbales, insultos, amenazas y violencia física en primera línea. Los compañeros de trabajo protagonizan principalmente conductas de acoso sexualizado, discriminación machista y comentarios vejatorios. Por su parte, supervisores y mandos concentran situaciones de abuso de poder, acoso laboral jerárquico y presiones indebidas.

Ineficacia de los canales de denuncia y baja tasa de sanción

Además, según Comisiones Obreras, uno de los aspectos más graves puestos de manifiesto por la investigación es la «rotunda ineficacia de los protocolos y canales de denuncia actuales». En este sentido, alrededor de la mitad de los incidentes nunca se denuncia formalmente por miedo a represalias o por considerar inútil el proceso. De los casos que sí se llegan a formalizar, solo el 26,4% deriva en una investigación oficial.

Consecuentemente, apenas un 15,7% de los expedientes se traduce en consecuencias o sanciones directas para el agresor y un 65% de las trabajadoras denunciantes afirma que el proceso no sirvió para hacer más seguro su entorno de trabajo.