La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha exigido cambiar radicalmente el régimen de ayudas al carburante y consensuar con urgencia un nuevo paquete directo a partir de octubre, tras constatar el fracaso de la rebaja fiscal frente a los precios récord del petróleo. La petición se ha formalizado mediante la solicitud de una reunión urgente dirigida al Ministro de Economía, Comercio y Empresa.

Escalada histórica del petróleo y amenaza para la viabilidad

Los costes de explotación sufren una escalada que amenaza gravemente la viabilidad económica de miles de autónomos y empresas de transporte. El principal detonante reside en el petróleo, que ha experimentado un incremento del 80% desde principios de año al pasar de los 60 dólares el barril en enero a superar los 110 en la actualidad.

Desde Fenadismer advierten que el sistema vigente solo ha servido para «engordar la cuenta de resultados de las petroleras, en lugar de aliviar la asfixiante situación de los transportistas». Para la organización, «el fracaso del modelo actual ha quedado demostrado con datos incontestables».

El fracaso de la bonificación fiscal en el diésel

La prueba de esta ineficacia se observa en el mes de septiembre. A pesar de aplicarse una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos de 10 céntimos por litro —a los que se suman 2 adicionales por la repercusión del IVA— desde el día 1, el precio del diésel no se ha situado en ningún momento por debajo del registrado el 31 de agosto.

Esta dinámica evidencia que las grandes compañías energéticas han absorbido en gran parte la bonificación fiscal en sus márgenes comerciales. De este modo, se ha neutralizado el impacto positivo que la medida institucional debía tener sobre los ciudadanos y el sector del transporte en carretera.

Exigencia de un nuevo mecanismo de ayudas directas

Por todo ello, la Federación considera «inaplazable» el diseño de un nuevo mecanismo de control y ayuda directa que sea eficaz, transparente y «que llegue de forma real al depósito de los camiones y autobuses». El objetivo es evitar que los fondos públicos destinados a proteger al sector acaben «convertidos en beneficios extraordinarios» para las grandes compañías energéticas.