De no aprobarse un nuevo paquete de medidas antes del 30 de septiembre, el precio del gasóleo podría aumentar hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre, una subida que dispararía los costes operativos de las flotas y obligaría a un camión con un consumo medio de 3.000 litros al mes a afrontar 720 euros adicionales mensuales —más de 8.600 euros al año— por el mismo combustible y sin recorrer un solo kilómetro más. Ante este escenario, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha exigido al Gobierno una actuación inmediata.

Esta solicitud urgente de la mayor patronal sectorial responde a los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman que los precios se dispararon un 4,3% en agosto impulsados por los carburantes. Con este panorama, la asociación advierte que “la economía española afronta una nueva amenaza sobre sus costes”. De decaer las ayudas solicitadas, el impacto afectará de lleno a la viabilidad económica de las empresas de transporte por carretera.

Impacto directo en la cadena de suministro

Lejos de acotarse al sector, la organización subraya que “el dato de la inflación de agosto conocido hoy demuestra que este problema trasciende al transporte”. La CETM recuerda la función vertebral de la actividad, recalcando que “los camiones transportan los alimentos que llegan a los supermercados, las materias primas que necesitan las industrias, los productos que venden las empresas y la mayor parte de las mercancías que entran y salen de nuestro país”.

Puesto que la repercusión del carburante en las tarifas del sector es obligatoria por ley bajo sanción, cualquier subida se trasladará de forma directa a toda la cadena de suministro y a los precios finales de empresas y consumidores.

Para evitar que el encarecimiento energético siga alimentando la inflación y merme el poder adquisitivo de los ciudadanos, la confederación demanda una respuesta anticipada del Ejecutivo. “Las empresas necesitan estabilidad y previsibilidad para contratar, fijar precios y planificar su actividad, especialmente ante unos incrementos de costes energéticos que escapan por completo a su control”, incide la patronal.

El objetivo final es “proteger la competitividad de su economía y evitar que el aumento de los costes energéticos vuelva a lastrar la actividad económica”, manteniendo ayudas suficientes mientras persista la excepcionalidad.