El centro logístico de La Pasiega, una plataforma de 200 hectáreas actualmente en desarrollo y prevista para finales de esta década, integrará en su interior una terminal ferroviaria de 140.343 metros cuadrados. El reparto de obras y atribuciones para construir esta terminal ha quedado oficializado con la rúbrica del Gobierno central, tras aprobar el Consejo de Ministros este martes el convenio entre Adif, el Ejecutivo cántabro y la empresa pública Sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) para materializar el desarrollo.

Este acuerdo actual da continuidad al alcanzado por los gobiernos central y autonómico en 2024 para financiar la infraestructura ferroviaria, la cual es largamente demandada por el empresariado regional y el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga.

Financiación y conexión con la red general

Según fuentes del Ministerio de Transportes, en el convenio se establecen “las condiciones de colaboración y financiación para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de construcción de la terminal, así como el establecimiento de las bases para la futura explotación de las instalaciones”. Como ya se había anticipado, el gestor público de infraestructuras ferroviarias asume el 50% de la inversión, que es de 62 millones de euros, junto a SICAN.

Asimismo, la terminal estará “dispuesta en paralelo y contigua a la red ferroviaria Palencia-Santander”, de forma que tenga acceso directo a la red ferroviaria de interés general. Este desarrollo también se contempla desde el puerto de Santander como un importante apoyo ferroviario para sus operativas y las de su hinterland.

Contratación, propiedad y modelo de explotación

En cuanto a la ejecución y la propiedad, las fuentes de la cartera ministerial continúan indicando que SICAN “asumirá la contratación de la redacción del proyecto y la contratación de las obras, en coordinación con Adif”.

Una vez construida, la terminal será propiedad de ambas entidades públicas en igual proporción. Sin embargo, Adif arrendará su 50% a SICAN para que esta empresa pública decida si asume la explotación de las instalaciones de forma directa o a través de una tercera entidad.